La limitación del precio del alquiler: una medida que acaba pagando el ciudadano de a pie de calle
La pasada intervención en el Congreso del ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana José Luis Ábalos sirvió para que el alto cargo del Gobierno anticipase algunos planes de regulación del mercado del alquiler. También sirvió para que se identificase el cuándo (antes de verano) y el porqué de esta medida “oportuna, ponderada, tasada y proporcional”.
Estas declaraciones se produjeron menos de una semana después de la apertura del expediente sancionador contra Idealista por parte de la CNMC por, presuntamente, alterar al alza los precios. Un contexto propicio para que los portavoces autorizados decidan emprender medidas.
Entorno de crecimiento de los precios
Si atendemos precisamente a los datos obtenidos del portal inmobiliario Idealista, a las cifras que recoge el Banco de España y fuentes expertas en el sector, podemos comprobar cómo la escalada de precios ha venido siendo una constante en el último lustro. En datos concretos, la tasa de esfuerzo de ciudades como Madrid o Barcelona se sitúan en un 40% y en un 44% respectivamente, a las que se suman ciudades como Sevilla (32%) y Bilbao (33%), entre otras, que superan el tope recomendado del 30%. Visto así, pudiese parecer que la realidad a la que se enfrentan cada vez más ciudadanos es la de unos precios impracticables y a tener que prescindir de metros cuadrados para afrontar con holgura el pago de las rentas.
No obstante, cabe preguntarse si una regulación de precios como las que propone el ministro Ábalos es una solución en sí, o esta medida podría acabar ahondando más en la coyuntura que soporta el ecosistema de propietarios e inquilinos que participan en el alquiler. Máxime en un momento en el que la subida de precios comenzaba a dar síntomas de agotamiento.
El espejo en que nos miramos
Durante las últimas semanas, el ejemplo de Berlín ha estado en el punto de mira de detractores y partidarios de la regulación estamental de un mercado como el alquiler. Cabe destacar que la capital alemana no es la única que se ha acogido a estas medidas puesto que también ciudades como San Francisco o París, con la llamada Ley Alur que se aplicó en 2015, han regulado sus alquileres, pero el ejemplo berlinés es especialmente relevante al tratarse del país de UE con mayor número de habitantes viviendo de alquiler (48,6%) según el Banco de España.
En la capital germana, a pesar de haberse ratificado en la congelación del alquiler por cinco años, se ha podido contrastar cómo surgían alternativas para interpretar cada fleco posible de la ley: desde realizar ciertas reformas en el inmueble para quedar exentos de aplicarla, a alquilar facilidades de la vivienda como la plaza de garaje o los trasteros a precios desorbitados, o el temido auge del mercado negro. A ello hay que sumar la disminución de la oferta, palpable en el descenso en un 40% de los permisos nuevos de construcción, que empieza a evidenciar que los propietarios alemanes retiran del alquiler sus inmuebles.
¿Por qué el precio no debería ser el único foco del debate?
La ineficiencia reside en el concepto en sí. El precio no es, ni debe ser, un indicador a batir per se. El debate que se debiera proponer pasa por tratar de favorecer que los ciudadanos que quieran vivir de alquiler dispongan de las alternativas necesarias para poder hacerlo. “Hemos percibido que el tratamiento que se hace de la cuestión está deliberadamente enfocado a hacer una caricatura de los propietarios como entes avariciosos que suben los precios unilateralmente para perjudicar al inquilino, y no es así. Existe también un público representativo que es arrendador y arrendatario a la vez que debe estar en una situación de incertidumbre importante. Creemos que hay favorecer una responsabilidad que describa con precisión la situación y no atomizar el mercado para enfrentar a los participantes”, declara Javier Millán, CMO de Avalisto, una plataforma especializada en servicios que agilizan los trámites del alquiler.
En este sentido, aumentar la oferta de la vivienda, tanto libre, como de alquileres sociales para los ciudadanos con menos recursos, se postula como una solución más coherente y saludable para con el largo plazo. Existe un ejemplo muy representativo de esta afirmación en el sudeste de Madrid. A medida que el alquiler en la almendra central se ha ido enfriando al encontrar topes, los inquilinos han ido centrando sus búsquedas en la periferia. El Ensanche de Vallecas ha visto cómo en los últimos años se disparaba el precio por metro cuadrado hasta más de 11€. Sin embargo, escasos kilómetros de este barrio se encuentra el proyecto urbanístico de Los Berrocales, parado durante años, y que habría ayudado a sostener este aumento de la demanda para que el incremento de los precios no se concentrase en estos puntos.
Entonces, ¿qué se puede esperar del aumento de precios?
Como toda medida, requerirá tiempo y datos poder analizar sus efectos concretos en la economía de las familias. No obstante, a priori, las experiencias cercanas no esbozan unos resultados equilibrados. Si aquellas personas que poseen una vivienda deciden dejar de alquilarla o venderla, será una opción menos que exista en el mercado. Y, en ese contexto, por mucho que se haya fijado un determinado precio, el resultado será el de una parte arrendataria que quiera y no pueda encontrar vivienda y una parte arrendadora que deje de valorar como buena la opción del alquiler. Y este sí es un “precio” que no sería bueno tener que valorar.