Más de 200 políticos contratan cada año servicios de privacidad en Internet
Según datos de Eliminalia, la única empresa en España que garantiza la eliminación de la información no deseada en Internet y garantiza la privacidad y el anonimato, un total de 220 políticos contrataron sus servicios en 2013
Barcelona, 14 de mayo de 2014.- Cada vez hay más personas interesada en contratar los servicios de una empresa para borrar aquella información molesta publicada en artículos de prensa, foros, blogs, páginas web o redes sociales. Así lo indica Eliminalia, la única empresa en España que se compromete a eliminar cualquier información, artículo o comentario que aparezca en la red y que no sea del agrado de una persona o empresa.
“Cada año notamos un crecimiento notable de gente interesada en nuestros servicios. El año pasado tuvimos más de 400 clientes particulares, 220 políticos y 7 entidades bancarias nacionales e internacionales”, asegura Diego Sánchez, presidente de Eliminalia.
Basada en el derecho al olvido ─derecho relacionado con el Habeas Data─ y la protección de datos personales, Eliminalia defiende el derecho que tiene el titular de un dato personal a borrar, bloquear o suprimir información personal que se considera obsoleta por el transcurso del tiempo o que de alguna manera afecta el libre desarrollo de alguno de sus derechos fundamentales.
Tras la reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que reconoce el derecho de los ciudadanos a reclamar a Google y otros buscadores que retiren los enlaces a informaciones que les perjudican y ya no son pertinentes, los expertos advierten de la dificultad al negociar con el gigante de Internet para conseguir que este elimine la información requerida.
“Conseguir que Google borre tus datos no es una labor sencilla, ya que requiere un proceso legal complicado y expertos que conozcan bien las leyes del sector”, señalan desde Eliminalia.
Sin duda, la sentencia europea supone un punto y aparte en la jurisprudencia comunitaria relativa a Internet, ya que reconoce un derecho defendido por la Agencia Española de Protección de Datos que Google, el principal motor de búsqueda en Internet, rechaza tajantemente por considerarlo próximo a la censura.